Hoy, el Tribunal Supremo ha reafirmado un principio fundamental de nuestra Constitución: los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos, independientemente de la situación migratoria de sus padres.

Para millones de familias inmigrantes, eso supone un alivio y una seguridad.

Pero la sentencia de hoy no es más que la última de una serie de resoluciones de un período de sesiones del Tribunal Supremo que ha tenido importantes repercusiones para los inmigrantes y los refugiados.

En las últimas semanas, el Tribunal ha otorgado al Gobierno federal más competencias en materia de control de la inmigración, al tiempo que ha dificultado que los inmigrantes y los refugiados puedan impugnar esas decisiones.

Estatus de Protección Temporal (Mullin contra Doe)

El Tribunal autorizó al Gobierno a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y Siria, lo que pone a cientos de miles de personas en riesgo de perder su protección frente a la deportación y dificulta que se puedan impugnar ante los tribunales futuras rescisiones del TPS.

El asilo en la frontera (Mullin contra Al Otro Lado)

El Tribunal dictaminó que las personas que se presentan en la frontera entre Estados Unidos y México, pero a las que se retiene en el lado mexicano, no han «llegado» legalmente a Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a solicitar asilo en virtud de la legislación federal.

La decisión otorga a los funcionarios fronterizos una mayor competencia a la hora de decidir quién puede iniciar el proceso de asilo.

Residentes permanentes legales (Blanche contra Muk Choi Lau)

El Tribunal concedió a las autoridades de inmigración una mayor flexibilidad para someter a los residentes permanentes legales a un procedimiento de expulsión tras su regreso de un viaje al extranjero, en caso de que se les acuse de un delito, aunque no hayan sido condenados por él.

Para los titulares de la tarjeta verde, esto supone un nuevo recordatorio de que incluso un viaje rutinario al extranjero puede acarrear importantes consecuencias legales.

Y aún no han terminado. Hay más casos previstos para el año que viene.

Los magistrados ya han acordado examinar, en el próximo período de sesiones, varios casos sobre si algunos refugiados que pierden el estatuto de asilo pueden seguir convirtiéndose en residentes permanentes legales, si los inmigrantes que logran impugnar con éxito una detención ilegal pueden recuperar los honorarios de los abogados, así como sobre la constitucionalidad de la detención prolongada de inmigrantes. También se avecinan más casos relacionados con la ciudadanía, el derecho al voto y la aplicación de la ley.

Gran parte de nuestra política de inmigración se decide ahora en los tribunales. Y la realidad es que el sistema se vuelve cada vez más complicado para los inmigrantes y los refugiados, mientras que lo que está en juego es cada vez mayor.

Precisamente por eso las familias merecen una representación jurídica en la que puedan confiar y con la que puedan contar.

Cada día, los abogados y defensores de CIRA ayudan a las familias a conocer sus derechos, a desenvolverse en un sistema que cambia constantemente y a acompañarlas en los momentos más importantes de sus vidas.