18 de enero de 2025
H.R.29/S.5, conocida como la Ley Laken Riley, que ha sido aprobada en la Cámara de Representantes y ha avanzado en el Senado, "daría la vuelta a nuestro sistema de gobierno constitucional y otorgaría a los estados individuales y a los jueces federales el control de la ley de inmigración". "daría la vuelta a nuestro sistema de gobierno constitucional y facultaría a los estados individuales y a los jueces federales para dirigir la ley de inmigración".
El proyecto de ley crea un nuevo motivo de detención obligatoria para los inmigrantes indocumentados detenidos por cualquier delito de robo, incluido el hurto en tiendas, sin esperar a ver si son condenados o absueltos de un delito. Esta disposición perpetúa la nociva retórica de la criminalidad de los inmigrantes, a pesar de que losinmigrantes indocumentados tienen menos probabilidades de delinquir que los nacidos en Estados Unidos.
La Ley Laken Riley también crea cinco ámbitos en los que los fiscales generales de los estados estarían autorizados a solicitar órdenes judiciales federales que obliguen al poder ejecutivo a llevar a cabo determinadas medidas de aplicación de la ley de inmigración -incluida la detención, puesta en libertad, concesión de libertad condicional o deportación de un no ciudadano concreto- o a impedir que el gobierno federal expida visados a ciudadanos extranjeros de países que no hayan cooperado plenamente con Estados Unidos en materia de deportaciones, entre ellos India y China.
Como explica Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, "otorgar a los estados poder de veto sobre miles de decisiones que toman cada día los agentes del orden y los dirigentes federales complicará las cuestiones de inmigración en todas las comunidades y amenaza con desencadenar incidentes internacionales que podrían perjudicar los intereses de Estados Unidos en todo el mundo."
Llama al senador Fischer y al senador Ricketts para instarles a que voten en contra de este proyecto de ley.
Capacitar a inmigrantes y refugiados para que vivan con confianza mediante una representación legal, un reasentamiento y un trabajo social de alta calidad, y crear comunidades acogedoras a través de la educación y la defensa.
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