Omaha, Nebraska — Hace un año, las familias de Omaha se vieron sumidas en el caos. No se recogía a los niños de la guardería; los seres queridos esperaban junto al teléfono, que nunca sonaba, y toda una comunidad se escondía presa del miedo.

Esto se debe a que, hace un año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo una redada laboral a gran escala en la planta de Glenn Valley Foods. Detuvieron a decenas de trabajadores, lo que conmocionó a sus familias, a los líderes comunitarios y a organizaciones de todo el estado.

El Centro para el Progreso de los Inmigrantes y los Refugiados (CIRA) fue una de las organizaciones que estuvo en primera línea.

La redada supuso un punto de inflexión para la labor de representación jurídica de la CIRA, ya que cambió la forma en que la organización aborda las detenciones de inmigrantes en todo Nebraska.

«Nos obligó realmente a enfrentarnos a la realidad de lo que supone la detención a gran escala», afirmó Ariel Magaña Linares, abogada principal de CIRA y responsable del equipo de respuesta rápida.

Recordó que el Gobierno anterior no llevó a cabo detenciones a esta escala ni con estas tácticas.

La CIRA envió rápidamente un equipo de abogados para garantizar que todas las personas detenidas pudieran acceder a una representación jurídica gratuita y de calidad, y tuvieran la oportunidad de revisar sus derechos con un experto. Dos miembros del equipo de la CIRA condujeron durante más de cuatro horas y llegaron a North Platte esa misma noche, al igual que las personas detenidas, que solo llevaban la ropa que llevaban puesta.

Gracias a un enorme esfuerzo colectivo y a su capacidad de respuesta rápida, la CIRA resolvió todos los casos de inmigración relacionados con la redada en tan solo unos meses.

Cuestionar las prácticas de detención de ICE

Los abogados que participaron en la redada describen la experiencia como un aprendizaje más cualitativo que cuantitativo, lo que significa que obtuvieron más conocimientos a partir de las personas reales y sus experiencias que del análisis de las cifras.

Esto les llevó a fijarse un objetivo principal: impugnar ante los tribunales las prácticas de detención de ICE.

El Consejo Estadounidense de Inmigración afirma que el ICE está actuando «al margen de la ley» y ha publicado un análisis titulado «Las bases legales que rigen las operaciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP), y cómo están siendo socavadas y violadas por las políticas y las prácticas».

El informe reveló que el ICE comete «violaciones generalizadas» sin rendir cuentas.

CIRA fue pionera en el estado a la hora de ayudar a presentar solicitudes de hábeas corpus, en las que los abogados alegaban que las personas recluidas en centros de detención de inmigrantes tenían derecho a una audiencia para fijar la fianza. Esto dio lugar a la Línea de Ayuda para Detenidos, que se convirtió en un recurso inestimable para que los detenidos y sus familiares pudieran evaluar su elegibilidad para obtener una fianza de inmigración y las posibles defensas contra la expulsión.

Aún en marzo,un caso resuelto con éxito, remitido a través de la línea de atención telefónica, permitió a un padre de tres hijos permanecer con su familia mientras se resolvía su proceso de inmigración.

Cambio de estrategia en las vistas sobre la fianza

Sin embargo, una vez más, los abogados de CIRA tuvieron que adaptarse rápidamente cuando, el 25 de marzo de 2026, una sentencia del Tribunal de Apelación^{del Octavo} Circuito modificó la forma en que los jueces federales de nuestra región tramitan las solicitudes de hábeas corpus contra el ICE. La sentencia puso fin a la posibilidad de celebrar audiencias de fianza, y mucho menos de obtener la puesta en libertad, para las personas que habían entrado en Estados Unidos sin permiso.

«Esta decisión ha mermado considerablemente nuestra capacidad para cuestionar las prácticas de detención de ICE de la misma manera», afirmó la abogada principal Magaña Linares.

Como explicó Roxana Cortes-Mills, directora jurídica de CIRA, el equipo se ha adaptado al cambio sin dejar de defender el derecho de las personas a una audiencia de fianza.

La línea de atención telefónica para personas detenidas sigue en funcionamiento, con especialistas en atención al usuario que se encargan de la admisión de casos, un representante legal específico que revisa sus expedientes y los deriva a otros posibles recursos. En algunos casos, los inmigrantes detenidos pueden impugnar su detención alegando violaciones de sus derechos constitucionales, la posibilidad de acogerse a medidas de protección migratoria durante la detención y impugnaciones directas de las acusaciones que se les imputan.

Es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo una iniciativa tan coordinada contra el derecho a la fianza, pero los abogados de la CIRA se muestran optimistas respecto a que se sigan reconociendo los derechos de las personas.

¿El futuro traerá consigo redadas comunitarias?

Entre ellas se encuentran las redadas a gran escala, como las operaciones de ICE que tanto revuelo causaron en Minneapolis y Chicago.

Al igual que las redadas en los lugares de trabajo, estas operaciones pueden generar un clima generalizado de miedo e inestabilidad. El efecto disuasorio resultante lleva a algunos miembros de la comunidad a evitar el trabajo, la escuela, las citas médicas y otras actividades esenciales por temor a las medidas de control de la inmigración. El impacto va más allá de las personas directamente afectadas, ya que desestabiliza a las familias y debilita a la comunidad en su conjunto.

Como señaló Cortes-Mills, la aplicación de la ley en el lugar de trabajo no ha contado con el apoyo de la población en general.

«El caso de Glenn Valley fue un hecho aislado que no fue bien recibido por diversos sectores y comunidades», afirmó. «Y el temor a haber vivido una intervención de las autoridades en el lugar de trabajo provocó un aumento de la desinformación y el pánico en las comunidades vulnerables».

El equipo jurídico de CIRA no prevé que se repitan las redadas en los lugares de trabajo ni las redadas comunitarias que han tenido lugar en ciudades como Minneapolis. Por el contrario, tanto Cortes-Mills como Magaña Linares han observado un aumento de las medidas dirigidas a personas concretas, en lugar de a gran escala.

Cortes-Mills afirmó que agradece que el equipo jurídico de CIRA colabore con el equipo de trabajo social.

«Las repercusiones negativas derivadas de aquella redada de hace un año no se han resuelto a corto plazo; han perdurado. Y en CIRA estamos preparados para seguir respondiendo a las necesidades de las comunidades afectadas, tanto directa como indirectamente, por la redada de ICE en Glenn Valley», afirmó.

Un año después, las repercusiones de la redada de Glenn Valley siguen afectando a las familias y comunidades de Nebraska. Sin embargo, los responsables jurídicos de la CIRA han afirmado que su compromiso sigue siendo el mismo: garantizar que las familias inmigrantes no tengan que afrontar solas el miedo, la detención y la incertidumbre.